La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó este jueves por una aplastante mayoría un histórico paquete de enmiendas a la Ley para la Prevención de la Violencia Sexual, tipificando como delito la posesión, compra, almacenamiento o visionado intencionado de imágenes y vídeos falsificados de carácter sexual explícito generados mediante inteligencia artificial (deepfakes). La votación plenaria se saldó con 241 votos a favor, un voto en contra y tres abstenciones.
Conforme al nuevo articulado legal, toda persona que adquiera, posea, descargue o consuma material deepfake sexual no consentido se enfrentará a penas de hasta tres años de prisión o multas de hasta 30 millones de wones (unos 22.600 dólares). Hasta ahora, la legislación surcoreana únicamente contemplaba castigos para la fabricación y divulgación activa, dejando impunes a los consumidores finales.
Sanciones penales pioneras dirigidas tanto a productores como a consumidores
La reforma también endurece de manera drástica las penas contra los creadores y difusores de este contenido sintético. La condena máxima de cárcel por elaborar o distribuir montajes sexuales pasa de cinco a siete años. Además, si el delito se comete con fines de lucro o beneficio económico directo, la pena oscilará obligatoriamente entre tres y diez años de reclusión mayor.
Esta trascendental decisión legislativa responde a la indignación social desencadenada por investigaciones periodísticas que destaparon la existencia de redes masivas de salas de chat secretas en plataformas de mensajería encriptada como Telegram. Decenas de miles de estudiantes de secundaria, universitarias, militares y ciudadanas comunes descubrieron que sus fotos personales habían sido manipuladas para crear pornografía hiperrealista.
“This landmark legislation sends an unequivocal message that digital sex crimes utilizing synthetic media are grave human rights violations that will be met with severe criminal punishment.”
La indignación pública por las redes de Telegram fuerza una respuesta legislativa
Junto con las sanciones penales individuales, el parlamento actualizó la Ley Marco de Telecomunicaciones para forzar a las plataformas tecnológicas nacionales e internacionales a eliminar de forma inmediata cualquier contenido deepfake vejatorio tras ser notificadas por los reguladores. Los operadores que ignoren estas resoluciones afrontarán cuantiosas sanciones económicas.
Asociaciones ciudadanas y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres aplaudieron la aprobación de la ley al considerarla un cortafuegos imprescindible frente al uso abusivo de herramientas de IA generativa. Los ministerios del Interior y de Igualdad de Género han establecido equipos policiales especializados para garantizar el cumplimiento inmediato del nuevo marco jurídico.
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