La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) formalizaron este miércoles el acuerdo definitivo de asociación público-privada para la explotación sustentable de litio en el Salar de Atacama, materializando la piedra angular de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el presidente Gabriel Boric.
Mediante este pacto vinculante, el Estado chileno tomará el control accionarial mayoritario (50% más una acción) de la sociedad mixta a partir del 1 de enero de 2025. Como contrapartida, la nueva compañía extenderá sus operaciones en el depósito salino más productivo del mundo hasta el año 2060, sumando una cuota de 300.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente.
Control estatal del consorcio y horizonte de producción a 2060
Las estimaciones del Ministerio de Hacienda proyectan ingresos fiscales extraordinarios multimillonarios entre 2025 y 2030 procedentes de rentas de arrendamiento, tributación corporativa y reparto de dividendos. Se calcula que el Estado capturará entre el 70% y el 85% del margen operacional generado.
En materia ambiental, el contrato impone una exigente reconversión técnica. Se contempla la sustitución progresiva de las gigantescas piscinas de evaporación solar por sistemas de Extracción Directa de Litio (EDL), tecnología que permitirá reinyectar la salmuera residual a los acuíferos subterráneos y rebajar drásticamente el consumo de agua dulce.
“Esta alianza demuestra que el Estado y el sector privado pueden unirse para defender el medio ambiente, liderar la transición energética y generar riqueza para todos los chilenos.”
Transición ecológica hacia la Extracción Directa de Litio
El acuerdo incorpora compromisos permanentes con el Consejo de Pueblos Atacameños y las comunidades indígenas colindantes. Se fijaron regalías directas del valor de las ventas para el desarrollo comunal y mesas técnicas mixtas para vigilar el equilibrio hidrológico de la cuenca.
Fabricantes automotrices globales de electromovilidad, como Tesla, BMW y BYD, celebraron el cierre del acuerdo, al asegurar certeza jurídica y continuidad en el suministro de materias primas críticas bajo los más rigurosos estándares ambientales y sociales.
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