El Tribunal Supremo de la India estableció este martes directrices vinculantes en todo el territorio nacional para poner fin a las demoliciones arbitrarias de viviendas mediante excavadoras públicas. El tribunal determinó que la administración pública no puede arrasar viviendas ni negocios con el pretexto de que su propietario o habitante sea sospechoso de un delito. La sala integrada por los magistrados B.R. Gavai y K.V. Viswanathan sentenció que tales acciones vulneran el derecho a la vivienda consagrado en el Artículo 21.
En los últimos años, varios gobiernos estatales habían recurrido de forma sistemática a desplegar maquinaria pesada tras disturbios o crímenes para derribar casas de investigados alegando infracciones urbanísticas. Colectivos de juristas y activistas de derechos humanos recurrieron a la máxima instancia judicial denunciando que estas medidas constituían castigos colectivos aplicados a familias inocentes sin juicio previo.
Garantías Constitucionales Contra Sanciones Extrajudiciales
La sentencia desestimó de plano los argumentos de las administraciones municipales, remarcando que cuando el Estado derriba selectivamente las viviendas de acusados mientras edificaciones contiguas permanecen intactas, el móvil punitivo resulta evidente. El tribunal recordó que el poder ejecutivo carece por completo de potestad para declarar culpabilidades o imponer castigos penales.
A partir de este fallo, ninguna demolición de propiedad privada podrá ejecutarse sin una notificación por escrito de al menos 15 días remitida por correo certificado y fijada en el inmueble. El documento deberá precisar las irregularidades técnicas y garantizar audiencias formales ante instancias de apelación antes de cualquier derribo.
“El poder ejecutivo no puede convertirse en juez y decidir que la vivienda de un acusado deba ser demolida. El Estado de derecho debe prevalecer sobre la arbitrariedad.”
Salvaguardas de Procedimiento y Responsabilidad Administrativa
Asimismo, el tribunal ordenó la grabación íntegra en vídeo de todo el procedimiento y su publicación en portales oficiales de transparencia. Aquellos funcionarios que ordenen derribos contraviniendo estas normas enfrentarán cargos por desacato judicial y deberán abonar de sus propios bolsillos las indemnizaciones y costes de reconstrucción.
Juristas y colegios de abogados de la India celebraron el veredicto como una victoria trascendental para las garantías procesales democráticas. Con este pronunciamiento, el Supremo restablece la división de poderes y consagra que la justicia penal se imparte únicamente en los tribunales y nunca mediante el brazo mecánico de una pala excavadora.
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