El gigante de la automoción Stellantis ha lanzado una severa advertencia al Gobierno británico, alertando de que podría verse obligado a cesar la producción de furgonetas comerciales en el Reino Unido si no se flexibiliza el mandato de Vehículos de Cero Emisiones (ZEV) o se aprueban estímulos directos a la compra. El ultimátum pone en jaque miles de puestos de trabajo industriales en las históricas plantas de Ellesmere Port y Luton.
La normativa impone que el 10% de las furgonetas vendidas este año en el país sean 100% eléctricas, una cuota que escalará progresivamente hasta alcanzar el 70% en 2030. Los fabricantes que incumplan el objetivo se enfrentan a sanciones regulatorias de hasta 15.000 libras esterlinas por cada unidad de combustión que exceda el límite permitido.
El desfase entre los mandatos legales y la débil demanda del mercado
Desde la dirección de Stellantis destacan que, a pesar de haber invertido más de 100 millones de libras para convertir Ellesmere Port en la primera planta británica dedicada en exclusiva a furgonetas eléctricas, la demanda de los consumidores y autónomos se encuentra estancada por los altos costes iniciales y la escasez de cargadores rápidos para flotas comerciales.
Maria Grazia Davino, directora general de Stellantis en el Reino Unido, subrayó ante líderes empresariales que aplicar descuentos forzados a los modelos eléctricos mientras se pagan multas millonarias por los vehículos diésel destruye la rentabilidad del negocio.
“The current ZEV mandate demands market share levels that natural consumer demand cannot support without urgent government incentives. Without flexibility, domestic production is in jeopardy.”
Inversión industrial en juego y petición de ayudas públicas
La patronal británica del sector del motor (SMMT) respaldó el diagnóstico, revelando que las ventas de furgonetas eléctricas apenas representaron el 5,1% del mercado en el primer semestre, muy por debajo del objetivo legal del 10%. La organización advirtió de que penalizar la producción interna mientras se favorecen las importaciones extranjeras es contraproducente.
El Ministerio de Transporte y el de Comercio aseguraron mantener conversaciones periódicas con los fabricantes. Sin embargo, con el compromiso laborista de restablecer la prohibición de coches de gasolina y diésel para 2030, el Gobierno se enfrenta al difícil reto de equilibrar su ambición climática con la supervivencia fabril.
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