El recién nombrado ministro de Presupuesto y Cuentas Públicas de Francia, Laurent Saint-Martin, lanzó una severa advertencia ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional al afirmar que el déficit presupuestario del sector público en 2024 va camino de superar el 6,0% del producto interior bruto. La proyección supone un brusco deterioro respecto al objetivo del 5,1% fijado por el anterior Ejecutivo a comienzos de año y se produce después de que el déficit de 2023 ya se ampliara inesperadamente hasta el 5,5% del PIB.
En su primera comparecencia parlamentaria desde que asumió el cargo bajo el mandato del primer ministro Michel Barnier, Saint-Martin calificó de crítica la trayectoria de las cuentas públicas francesas. Las auditorías del Tesoro revelaron decenas de miles de millones de euros en desviaciones presupuestarias acumuladas durante los meses de parálisis política posteriores a las elecciones legislativas anticipadas del verano, dejando al nuevo Gobierno en minoría con un margen de maniobra extremadamente reducido.
Caída de los ingresos tributarios y descontrol del gasto municipal
Según las evaluaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el ensanchamiento del agujero fiscal obedece a dos factores principales: una recaudación tributaria sensiblemente inferior a la prevista en el impuesto de sociedades, las transacciones inmobiliarias y el impuesto sobre el valor añadido (IVA), sumada a un repunte imprevisto de los gastos corrientes y de inversión de las colectividades locales y regionales. Pese al decreto inicial de anulación de créditos por valor de 10.000 millones de euros aprobado meses atrás, los desembolsos estatales y de la Seguridad Social han seguido creciendo por encima de los ingresos.
Para evitar un mayor descontrol antes de fin de año, Saint-Martin anunció que el Ejecutivo congelará y cancelará de inmediato varios miles de millones de euros adicionales en partidas ministeriales durante el resto de 2024. Asimismo, el gabinete confirmó que la presentación oficial del proyecto de Ley de Finanzas para 2025 se retrasará de su fecha límite habitual del 1 de octubre hasta el 10 de octubre, con el fin de dar tiempo a los ministros para estructurar un ajuste cercano a los 40.000 millones de euros entre contención del gasto y medidas de ingresos.
“El estado de nuestras finanzas públicas es crítico, y el déficit de 2024 corre el riesgo de superar el seis por ciento del PIB a menos que adoptemos medidas correctivas inmediatas tanto en gastos como en ingresos.”
Aplazamiento de la Ley de Finanzas de 2025 y presión en el mercado de bonos
La alarma fiscal en París ha intensificado la vigilancia tanto de la Comisión Europea —que abrió este año un procedimiento por déficit excesivo contra Francia— como de las agencias de calificación crediticia. Bajo las reglas fiscales reformadas de Bruselas, los Estados miembros con déficits superiores al 3,0% del PIB y una deuda por encima del 60% deben presentar planes plurianuales de ajuste estructural; la deuda pública total francesa supera ya el 110% del PIB, rebasando los 3,15 billones de euros.
Los mercados financieros reaccionaron con rapidez al empeoramiento del panorama presupuestario, situando el rendimiento del bono soberano francés a diez años (OAT) cerca del 2,97%, llegando a igualar o superar puntualmente el coste de financiación de España por primera vez desde la crisis de deuda de la eurozona. El Ejecutivo de Barnier estudia ahora gravámenes temporales excepcionales sobre las grandes corporaciones con beneficios elevados y las rentas más altas junto con recortes ministeriales en un Parlamento profundamente fragmentado.
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