La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York desclasificó este jueves una contundente imputación de 57 páginas contra el alcalde Eric Adams, imputándole cinco cargos penales graves que abarcan soborno, fraude electrónico y conspiración para recibir contribuciones electorales ilegales de origen foráneo a lo largo de una década.
Se trata del primer alcalde en ejercicio en la historia moderna de Nueva York en afrontar cargos penales federales. El pliego acusatorio sostiene que, desde 2014 durante su etapa como presidente del condado de Brooklyn y tras asumir la alcaldía, Adams aceptó beneficios por más de 100.000 dólares en billetes de avión en primera clase y hospedajes en hoteles de lujo costeadas por funcionarios y empresarios turcos.
Dádivas diplomáticas y presiones indebidas a inspectores
A cambio de estas dádivas indebidas, los fiscales señalan que Adams intervino ante agencias locales para beneficiar a sus patrocinadores. El caso más grave detalla cómo el alcalde presionó al Departamento de Bomberos para que autorizara la apertura de un rascacielos diplomático turco de 36 pisos en Manhattan sin las inspecciones reglamentarias de seguridad.
En una concurrida conferencia de prensa, el fiscal federal Damian Williams explicó cómo el alcalde ocultó estos privilegios mediante donantes interpuestos y facturas simuladas, defraudando paralelamente el sistema municipal de fondos de contrapartida pública para captar cientos de miles de dólares adicionales del erario.
“This was a multi-year scheme to buy favor with a single New York City official on the rise. Mayor Adams concealed these illicit perks and betrayed the trust of the millions of New Yorkers he took an oath to serve.”
Resistencia en la alcaldía y exigencias de dimisión
Desde los jardines de la residencia oficial de Gracie Mansion, Adams compareció desafiante para proclamar su total inocencia y desestimar las peticiones de renuncia planteadas por figuras demócratas. El mandatario insistió en que el caso responde a una represalia del gobierno federal por sus críticas a la política migratoria de Washington.
La gobernadora del estado, Kathy Hochul, cuenta con facultades legales para cesar al alcalde, si bien ha evitado tomar medidas drásticas mientras evalúa el impacto institucional del proceso. Con la comparecencia judicial programada, la capital económica del país entra en una fase de incertidumbre política sin precedentes.
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