El Gobierno de Perú decretó este martes el estado de emergencia por un período de 60 días en 12 distritos de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, facultando a las Fuerzas Armadas a asumir labores de orden interno junto a la Policía Nacional. La drástica resolución gubernamental busca sofocar la imparable espiral de extorsiones y sicariato que mantiene en jaque al servicio de transporte urbano.
La crisis estalló tras semanas de atentados armados perpetrados por organizaciones delictivas locales e internacionales vinculadas al cobro de cupos. Estas mafias exigían a las empresas de transporte pagos diarios de entre 10 y 50 soles por cada autobús en circulación. Quienes se negaron a someterse al chantaje sufrieron ataques despiadados que causaron la muerte de al menos tres conductores y heridas a pasajeros en plena vía pública.
Paro general de transportistas y violencia de sicarios en la capital
La indignación y el terror llevaron a los gremios de transportistas a paralizar sus servicios de manera masiva este lunes y martes. Como consecuencia, las principales arterias del cono norte y este de la capital quedaron colapsadas, obligando a cientos de miles de usuarios a caminar largas distancias y forzando a universidades y colegios a impartir clases virtuales.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, comunicó en rueda de prensa el despliegue inmediato de efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para custodiar paraderos estratégicos, terminales de autobuses y los corredores viales más vulnerables, como la Panamericana Norte y la Vía de Evitamiento.
“No permitiremos que bandas criminales tomen como rehenes a nuestros transportistas y ciudadanos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se desplegarán en todos los corredores para devolver la seguridad y desarticular estas mafias.”
Despliegue de tropas y tipificación del delito de terrorismo urbano
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó la creación de un equipo especial de investigación dentro de la DIRINCRI enfocado exclusivamente en combatir el delito de extorsión, respaldado por una línea telefónica gratuita y un estricto control de las señales de telefonía en los centros penitenciarios.
Asimismo, el Ejecutivo remitirá al Congreso de la República un proyecto de ley para tipificar las conductas de extorsión, sicariato y secuestro bajo la figura de 'terrorismo urbano', con penas que contemplan la cadena perpetua. Pese al respaldo ciudadano a la presencia militar, diversos analistas reclaman reformas estructurales en la Fiscalía y el sistema penitenciario.
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