El Senado de la República aprobó en la madrugada de este martes la histórica reforma constitucional que transfiere formalmente el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con este dictamen, el cuerpo de seguridad pública integrado por más de 130.000 elementos queda plenamente subordinado a la estructura de las Fuerzas Armadas mexicanas.

El grupo parlamentario de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde hicieron valer su mayoría calificada en la Cámara Alta para alcanzar 86 votos a favor frente a 42 sufragios de la oposición, tras una maratoniana jornada de debate. La minuta pasa ahora a los congresos estatales, donde el oficialismo tiene garantizada la ratificación en más de 17 legislaturas.

Consumación Legislativa de la Estrategia de Seguridad Federal

Impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la reforma persigue blindar la corporación frente a la corrupción. Los legisladores de Morena recordaron el colapso ético de la extinta Policía Federal y la condena por narcotráfico en Estados Unidos de quien fuera secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Con la nueva redacción constitucional, el personal castrense que integra la Guardia Nacional conservará su rango, prestaciones y fuero militar. Asimismo, la corporación adquiere facultades directas para realizar labores de investigación delictiva bajo la conducción jurídica del Ministerio Público federal.

“Esta reforma garantiza que la Guardia Nacional no se corrompa jamás y dota al pueblo de México de una institución incorruptible, disciplinada y con vocación de servicio.”

Alertas Sobre Derechos Humanos y Pérdida de Mando Civil

Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en bloque en contra, denunciando que la medida consagra la militarización permanente de la vida pública y debilita a las policías locales. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional manifestaron su alarma ante la falta de controles civiles.

El aval legislativo otorga a Sheinbaum un brazo operativo unificado para combatir la violencia de los cárteles del narcotráfico en focos rojos como Sinaloa, Chiapas y Michoacán al iniciar su mandato sexenal.

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