La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional francesa sometió este miércoles a un severo interrogatorio a los directores del Ministerio de Economía y Finanzas (Bercy), tras conocerse que el déficit público galo para el ejercicio 2024 se situará al menos en el 5,6% del producto interior bruto (PIB), con riesgo fundado de escalar hasta el 6% si no se aplican recortes inmediatos.
Convocada con carácter de urgencia por el presidente de la comisión, Éric Coquerel, la sesión parlamentaria buscó esclarecer cómo las estimaciones del anterior gobierno, que pronosticaban un déficit del 5,1%, colapsaron en pocos meses. Los legisladores exigieron las notas internas del Tesoro que advertían de un grave desplome de la recaudación fiscal y el desborde del gasto de los entes territoriales.
Bercy bajo fuego parlamentario por el deterioro fiscal
El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Antoine Armand, admitió la crudeza de la realidad presupuestaria y definió la deuda pública francesa —que supera los 3,1 billones de euros (111% del PIB)— como una de las más inquietantes del continente. Francia afronta actualmente un procedimiento de infracción de la Comisión Europea por déficit excesivo.
Armand advirtió de que la carga financiera de la deuda cuesta a los contribuyentes franceses más de 50.000 millones de euros anuales en intereses, rivalizando con las dotaciones de los ministerios de Defensa o Educación. Insistió en que la credibilidad exterior de Francia exige decisiones presupuestarias inaplazables.
“La situación de nuestras finanzas públicas es grave, una de las más delicadas que ha afrontado jamás nuestra República. Debemos actuar con lucidez y responsabilidad colectiva.”
El dilema del ajuste para Barnier y la tutela de Bruselas
El frágil ejecutivo de coalición del primer ministro Michel Barnier ultima el proyecto de presupuestos para 2025, que contempla un tijeretazo de al menos 30.000 millones de euros en gasto público complementado con medidas de ingresos. Entre las opciones barajadas figuran la congelación de partidas ministeriales y un gravamen temporal sobre las grandes empresas y las rentas más altas.
Esta encrucijada fiscal sitúa a Barnier bajo una enorme presión política. Tanto la izquierda como la extrema derecha han advertido de que respaldarán mociones de censura si el plan de ajuste fiscal lesiona los servicios públicos esenciales o deteriora el poder adquisitivo de los sectores vulnerables.
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