El Senado de Australia aprobó una histórica legislación ambiental conocida como paquete Naturaleza Positiva, estableciendo formalmente la Agencia de Protección Ambiental de Australia (Environment Protection Australia, EPA) como regulador nacional independiente. La medida representa la transformación más profunda del marco ecológico federal en más de veinte años.
Bajo este nuevo esquema legal, la agencia funcionará como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y liderado por un director ejecutivo nombrado por mérito público. Asumirá la evaluación de impacto ambiental de grandes proyectos de infraestructura y minería en todo el territorio nacional.
Mayor reforma de vigilancia ecológica en dos décadas
La ley dota a la nueva autoridad de capacidades sancionadoras inéditas en la historia del país. Las multas civiles máximas para corporaciones que incurran en desmontes ilegales, contaminación química o destrucción de hábitats protegidos ascenderán hasta los 780 millones de dólares australianos.
Organizaciones conservacionistas y científicos celebraron la ratificación parlamentaria, destacando la necesidad urgente de fiscalizar actividades comerciales que amenazan especies autóctonas en peligro de extinción.
“Creating Australia's first national independent environment watchdog delivers a tough cop on the beat to enforce conservation laws and hold bad actors accountable.” — Tanya Plibersek, Ministra de Medio Ambiente y Agua de Australia
Sanciones ejemplares contra la deforestación ilegal
El paquete legislativo también contempla la creación de Environment Information Australia, entidad encargada de generar y auditar datos ecológicos transparentes para orientar la planificación territorial del país.
El gobierno de Camberra anunció que la nueva agencia entrará en pleno funcionamiento operativo en un plazo de seis meses, tras la designación de su junta directiva y el traspaso del personal técnico correspondiente.
Frequently Asked Questions
¿Qué funciones cumplirá Environment Protection Australia?
Supervisará el cumplimiento de la legislación ambiental federal, auditará proyectos mineros e investigará delitos ecológicos.
¿A cuánto ascienden las sanciones máximas fijadas por la ley?
Las corporaciones que violen gravemente las normas de conservación podrán ser multadas con hasta 780 millones de dólares australianos.
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